El anuncio de las medidas de los decretos sobre vivienda ha generado una reacción inmediata en el mercado del alquiler habitual por parte de los pequeños propietarios.
Los datos del estudio exprés elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), a partir de más de 600 agencias encuestadas en las principales ciudades y capitales de provincia del país, indican que un 88,9% constata incidencias en los alquileres derivadas de los recientes cambios normativos, mientras que solo un 11,1% asegura mantener la actividad sin cambios.
La principal consecuencia de este escenario es la retirada de inmuebles del alquiler residencial habitual, señalada por el 78,1% de las inmobiliarias, con una media de 3,78 viviendas por agencia. A esto le sigue un freno en las firmas de alquiler, registrado por un 72,4% de las agencias con una media de 2,75 contratos congelados, y una fuga de propiedades hacia la compraventa, confirmada por un 56,6% de las agencias con un promedio de 2,26 inmuebles por agencia.
El impacto sobre el stock disponible se acentúa con el desvío hacia otras modalidades de arrendamiento, detectado por un 38,9% de las agencias que observan el traspaso de ofertas hacia alquileres de temporada o por habitaciones, con una media de 1,76.
En total, los primeros reportes recopilados por FAI, en los últimos 10 días, contabilizan 2.067 viviendas retiradas del mercado de alquiler habitual, 1.224 trasvasadas a la compraventa y 944 desviadas hacia modalidades de alquiler alternativo (de temporada o por habitaciones). De este modo, los datos provisionales de la muestra reflejan un impacto directo de 4.235 inmuebles retirados o desviados del arrendamiento residencial y 1.523 firmas bloqueadas, lo que suma un total de 5.758 operaciones afectadas.
Asimismo, en términos globales, y a tenor de la información obtenida por la federación sobre el comportamiento de la oferta en las agencias inmobiliarias, ante el temor de los pequeños propietarios, la caída en el volumen de operaciones de alquiler, durante las próximas semanas, podría situarse entre el 25% y el 30%, tanto por el freno en las firmas como por la retirada de viviendas del mercado y el desvío de pisos disponibles para alquiler habitual a otros usos.
En este contexto, el presidente de FAI, José María Alfaro, asegura comprender y compartir el malestar social y el clamor popular ante las crecientes dificultades para acceder a una vivienda de alquiler, el sobreesfuerzo económico que deben hacer las personas que residen de alquiler y el drama de los desahucios. No obstante, alerta de que los efectos de las decisiones en materia de vivienda que se han tomado están teniendo graves consecuencias.
Por un lado, advierte de que están poniendo en riesgo el futuro de muchas familias que se han quedado sin alquiler por la caída o retraso de firmas. Por otro lado, recuerda que las nuevas medidas, en ningún momento, han tenido en cuenta a los pequeños propietarios, la parte más vulnerable de la oferta, ya que no concretan ni garantizan al 100% el tipo de protección en caso de impagos y queda supeditada a un laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones, que frena que sigan alquilando sus viviendas.
De hecho, considera que aprovechar la Diputación Permanente para dar soluciones parciales a un tema tan delicado y complejo como el del alquiler resulta una decisión arriesgada, ya que supone incrementar la presión y legislar de forma precipitada para un mercado al límite y sensible a cualquier cambio.
Asimismo, insiste en que “el país necesita un ‘Plan Marshall de Emergencia’ de acceso a la vivienda, con criterios de urgencia y de excepcionalidad, que solo es posible con un pacto de estado entre las diferentes fuerzas parlamentarias, gobiernos autonómicos, colectivos sociales y expertos del sector, independientemente de los resultados electorales.
