FAI pide un plan de choque capaz de sostener los alquileres durante la emergencia sanitaria y dinamizar la reactivación del sector inmobiliario tras el estado de alarma
- El colectivo considera prioritario aplicar una reducción de hasta un 50 % en los impuestos que gravan las transmisiones de vivienda
- La federación propone ayudas estatales directas para hacer frente al pago de los alquileres según el nivel de ingresos y la situación de vulnerabilidad de cada persona
Madrid, 30 de marzo de 2020. La Federación Nacional de agencias inmobiliarias (FAI) reclama al Gobierno una batería de medidas que permita proteger el alquiler y la actividad inmobiliaria activando un plan de choque para sostener a las familias y empresas, que, al mismo tiempo, incluya medidas fiscales para impulsar la recuperación económica y sectorial tras la emergencia sanitaria. En este sentido, el colectivo considera prioritario aplicar una reducción de hasta un 50 % en los impuestos que gravan las transmisiones de vivienda, que esté activo durante todo el año 2020 para dinamizar la recuperación económica y sectorial.
Ayuda a inquilinos y arrendadores de vivienda
Para ayudar a los inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, FAI propone una ayuda estatal directa para hacer frente al pago de los alquileres de hasta 6 meses, según su nivel de ingresos y su situación de vulnerabilidad, extensible a todas las personas que residan en esta modalidad de vivienda –
Desde la federación, aseguran que la protección y las garantías para los propietarios arrendadores son también imprescindibles para que, por una parte, nadie se vea abocado a quedarse en la calle por no poder hacer frente a los pagos del alquiler, y por otra, nadie tenga que perder una importante y necesaria fuente de ingresos, ya que hay arrendadores que consiguen llegar a fin de mes por la cuota que ingresan de sus inquilinos.
Ayuda a inquilinos y arrendadores de locales comerciales
FAI considera imprescindible, también, en estos críticos momentos, que se proteja el tejido empresarial, porque de ello depende que muchas familias puedan hacer frente al pago de alquileres e hipotecas. En este contexto, pide que se articulen ayudas directas a empresarios que hayan visto reducida drásticamente su facturación por la crisis del Covid-19.
Por otra parte, en el caso de los empresarios que sean propietarios de los locales en los que se ejerza la actividad, propone una moratoria o pago aplazado sin intereses en las cuotas de hipoteca e impuestos derivados de su actividad hasta final de 2020.
Compraventas
En línea con todo lo anterior, para que el mercado inmobiliario de compraventa, del que depende una parte importante del PIB español, recupere una cierta normalidad en el menor tiempo posible, la federación propone que se aplique un descuento del 50% tanto en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) como en la cuota de IVA, para todas las compraventas de inmuebles de importe inferior a 500.000 euros. Una bajada que sería aplicable desde la entrada en vigor del estado de alarma y hasta final de 2020.
Margen y flexibilidad para los agentes inmobiliarios
Con respecto a la situación de las agencia inmobiliarias, FAI pone de manifiesto que el sector ha sufrido un parón medio del 95% de su actividad, y con ello su volumen de facturación, ya que desde el primer día en el que el Gobierno decretó el estado de alarma las agencias se vieron obligadas a cerrar las oficinas- dado que su actividad depende 100% del contacto con los clientes; y a mantener solo una mínima gestión sobre los encargos de servicio ya activos para dar soluciones jurídicas a los clientes.
En estos momentos, remarcan, “nos encontramos en una situación que nos está llevando a tomar decisiones difíciles y complejas como la presentación de expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), en muchos casos, para minimizar los daños en las plantillas y de cara a los trabajadores; y para que la recuperación, en un sector clave para la economía, no sea tan costosa como la de la crisis de 2008, ya que hablamos de una crisis coyuntural y no estructural”.
Ante esta situación, desde FAI reclaman a la Administración más margen y flexibilidad para el sector de la intermediación a la hora de poder tramitar y aprobar ERTEs, tal y como ya pidió la Federación de Asociaciones de Empresarios Inmobiliarios (FADEI).
