Las inmobiliarias consideran que la situación generada por el fallido Decreto Ley del Alquiler afectará a la inversión inmobiliaria y la oferta de viviendas
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) reclama una solución consensuada a una situación social prioritaria para una gran parte de la ciudadanía, que está suscitando además un enorme daño en el sector
Valencia, Enero 2019. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) considera que la derogación este martes 22 de diciembre del Decreto Ley del Alquiler aprobado el 14 de diciembre, afectará a la inversión inmobiliaria y traerá consecuencias para la oferta de viviendas en alquiler en España. La situación, a juicio de FAI se suma al escenario de inseguridad jurídica producida por los legisladores en el mercado inmobiliario e hipotecario en los últimos tres meses, lo que “claramente afectando a su dinamismo y contribuyendo a anticipar el fin de la confianza de los inversores, consumidores y usuarios”.
En este sentido, FAI considera que la situación actual se podría haber evitado y reclama una solución consensuada y meditada para solucionar una cuestión de máxima prioridad social: “Que el Gobierno aprobara el decreto el 14 de diciembre y entrara en vigor el 19 de diciembre, sin haberse asegurado los votos necesarios para que se validara en el Congreso, ha suscitado enorme inquietud en el sector y en los consumidores y sobre todo, ha ocasionado un tremendo daño a la imagen del país, que nuevamente, vuelve a dejar un tema tan sensible y necesario como es la vivienda para la ciudadanía a la improvisación” ha manifestado Nora García Donet, Presidente de FAI.
Al mismo tiempo, reclaman que se actúe con sentido común y responsabilidad, al considerar que se trata de “decisiones sobre un sector de extremo impacto y sensibilidad en la vida de la gente, que además es uno de los principales motores económicos del país y que no anda precisamente sobrado de confianza”, indica Nora Garcia.
En este sentido, desde FAI proponen a las administraciones competentes profundizar en medidas fiscales incentivadoras y eficaces para los propietarios que decidan alquilar su inmueble como vivienda habitual, bonificando también a quien apueste por alquileres de larga duración. Por otro lado, consideran esencial que se disponga lo antes posible de datos estadísticos fiables del mercado de alquiler, apoyados en registros públicos.
Dentro de este marco y de cara a una previsible presentación de una nueva propuesta por parte del Gobierno, FAI reclama tener además un espacio donde poder aportar su experiencia y conocimiento del sector, en pro de conseguir una propuesta más cercana a la realidad social, que beneficie a la ciudadanía: “Los profesionales de FAI, cerca de 4.000 agentes repartidos por todo el territorio nacional, conocemos la problemática actual y podemos ser parte de la solución, gracias a la información y experiencia que poseemos, pero parece que somos invisibles para una Administración que prefiere consultar a otros profesionales antes que a un Agente Inmobiliario acostumbrado a gestionar alquileres a diario y que conoce de primera mano los miedos e inquietudes tanto de los arrendadores como de los arrendatarios” reclama la presidenta de FAI.
Reticencias al Decreto derogado
FAI ya habia mostrado sus reticencias en relación con Decreto aprobado el 14 de diciembre, al considerar que las nuevas medidas aprobadas en materia de vivienda y alquiler, que no fijaban límites a los precios de los alquileres, no mejorarían los precios de alquiler, sino que generarían el efecto contrario. “Alargar los plazos de arrendamientos a 5 y 7 años, reducir el depósito de garantía a dos mensualidades o la obligatoriedad de cobrar a las personas jurídicas arrendadoras los servicios prestados de arrendamiento, no mejorarán los precios de alquiler sino más bien todo lo contrario”, consideró en diciembre FAI.
El Real Decreto Ley de medidas urgentes, que debía ser convalidado en el Congreso de los Diputados, amplíaba el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumentaba el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.
Además, se fijaba en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que podían exigirse al arrendatario, salvo que se tratara de contratos de larga duración. Entre las medidas que se contemplaban, destacaba la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de los alquileres turísticos, que se regularán como actividad económica.
En este sentido, desde FAI se considera que “la única forma de rebajar los precios de alquiler de vivienda de larga duración es ampliar la oferta de pisos disponibles. Mientras la demanda sea tan superior a la oferta no es posible que los precios de alquiler bajen” apunta la Presidenta de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. “En solo 24 horas de entrada en vigor ya teníamos asociados que habían informado sobre incrementos en la renta de alquiler de sus ofertas”, confirmaba Nora García.
Alquileres turísticos
En cuanto a los alquileres turísticos, el Real-Decreto permitía habilitar la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda. En este sentido, FAI considera que la vivienda vacacional está creciendo por una expectativa de rentabilidad que no se cumple siempre. “Muchas de las unidades que hace unos años estaban disponibles para viviendas en alquiler de larga duración ya no lo están. Pero la vivienda alquilada por días presenta también inconvenientes para los arrendadores; gastos de limpieza, asistencia a los huéspedes, recogidas y entregas de llaves, fiscalidad y posibles tasas municipales, etc. Si se generasen beneficios fiscales por sacar esas viviendas en alquileres de larga duración se conseguiría ampliar la oferta y estabilizar los precios”, apuntan.
La Federación asegura que para aumentar la oferta de este tipo de viviendas se debería ofrecer mayor garantía jurídica y generar estímulos fiscales que animen a los propietarios de viviendas a destinarlas a viviendas de larga duración en lugar de alquiler vacacional por días. “Mientras no se consiga esto, la oferta seguirá siendo escasa y los precios altos. Estas medidas solo harán el daño aún más profundo, no entendemos con quién se está asesorando el gobierno para sacar este paquete de medidas tan sorprendentes”, apunta su Presidenta, Nora García.
Gestión inmobiliaria y otras medidas
De otro lado, las nuevas medidas establecían por ley que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato fueran a cargo del arrendador, cuando éste fuera persona jurídica, exceptuando aquellos servicios que hubieran sido contratados por iniciativa directa del arrendatario. También permitía a los ayuntamientos con superávit destinarlo a promover su parque de vivienda pública, en tanto que los consistorios podrán establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para los alquileres a precio limitado.
Se reformaba también el procedimiento de desahucio de vivienda, con una solicitud obligada de un informe a los servicios sociales sobre en qué condición quedarán los desahuciados.
Con este paquete de medidas, que entró en vigor el miércoles 19 de diciembre, tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley, el Gobierno buscaba mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible. Al mismo tiempo, comprende modificaciones en cinco normas: la Ley de Arrendamientos Urbanos; la Ley sobre Propiedad Horizontal; la Ley de Enjuiciamiento Civil; el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
ACERCA DE FAI
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias en Colaboración (FAI) fue constituida en marzo de 2013 y está hoy integrada por un total de 23 asociaciones inmobiliarias de ámbito autonómico o local de toda España. Agrupa actualmente a más de 850 Agencias Inmobiliarias y 3.900 profesionales, que ponen en común su compromiso de colaborar entre ellos en beneficio de sus clientes y de las Buenas Prácticas en el sector inmobiliario.
