La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, FAI, advierte de que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no atacan el problema real del mercado del alquiler y pueden agravar aún más la escasez de vivienda disponible.
El presidente de FAI, José María Alfaro, explica que elevar la reducción del IRPF del 50% actual al 100 % va en la buena dirección, pero no será determinante ni tendrá efecto si no se prioriza dotar a los propietarios de seguridad jurídica para aumentar la oferta y se vincula únicamente a congelar las rentas al margen del mercado.
En este sentido, FAI subraya que ninguna medida fiscal será eficaz mientras persista la actual inseguridad jurídica del arrendador, ya que es el principal motivo de la reducción de la oferta.
En este contexto, explica que “la imposibilidad real de recuperar la vivienda en caso de impago cuando el inquilino es declarado vulnerable, unida al colapso de los juzgados y a procedimientos de desahucio que se prolongan durante meses o años, constituye hoy el principal freno para que miles de propietarios saquen su vivienda al mercado del alquiler”.
Por ello, remarca que “sin seguridad jurídica no habrá oferta, y sin oferta no bajarán los precios. Las políticas que se centran exclusivamente en limitar rentas o condicionar fiscalmente al propietario no solo no resuelven el problema, sino que tienden a retraer aún más la oferta de vivienda en alquiler”.
Por ello, Alfaro, insta a Sánchez y al Ministerio de Vivienda que esta medida sea revisada y vaya acompañada de otras medidas incentivadoras antes de aprobarse definitivamente
Por otra parte, Alfaro remarca que “resulta preocupante la regulación anunciada sobre los alquileres de temporada y por habitaciones”. En este sentido, explica que “la exigencia de que la suma de las rentas de las habitaciones no pueda superar la renta del alquiler de la vivienda completa carece de lógica económica y hará inviable este modelo en la práctica”.
El resultado, señala, “será la desaparición del alquiler por habitaciones, dejando fuera del mercado a miles de jóvenes, estudiantes y trabajadores que no pueden asumir el coste de una vivienda completa”.
Asimismo, señala que estas medidas son socialmente regresivas, ya que “ponen freno a alternativas habitacionales reales para quienes tienen menor capacidad económica, sin crear soluciones nuevas a corto plazo”.
