Tras las manifestaciones públicas de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre la propuesta del cobro de honorarios como uno de los puntos que se está debatiendo para aprobar la nueva Ley de Vivienda, desde la directiva de FAI queremos dejar clara nuestra postura:
Los honorarios que cobran las inmobiliarias por el servicio de gestión de alquiler no es el problema de los altos precios que se pagan por alquilar una vivienda. La forma en que un agente inmobiliario repercute su servicio tiene que ver con la naturaleza del servicio que presta, ya que asiste tanto a arrendadores como inquilinos y cobra solo en función del resultado.
Los agentes inmobiliarios facilitamos asesoramiento en precios, agilidad y eficacia para conectar oferta y demanda, seguridad jurídica y cumplimiento de la legalidad a los procesos de alquiler, además buscamos, en todo momento, el mejor acuerdo de las partes para el buen desarrollo y longevidad de los arrendamientos de vivienda.
Los agentes inmobiliarios dinamizamos e intentamos estabilizar un mercado complejo, favoreciendo miles de acuerdos de alquiler cada día, somos, en consecuencia, parte de la solución, no del problema.
Prohibir el cobro de honorarios por la prestación de un servicio a una agencia inmobiliaria, es una forma de intervención del libre mercado que causará el efecto contrario al perseguido. No evitará que el coste por el trabajo que presta un profesional acabe repercutiendo indirectamente al inquilino en términos económicos y de inseguridad jurídica.
La mejor forma de ayudar a los inquilinos es con medidas verdaderamente eficientes de incentivo a la generación de oferta, para atender a la alta demanda que tenemos actualmente en muchas ciudades, y que previsiblemente irá en aumento debido al encarecimientos de los costes de financiación, así como dotando de credibilidad y de seguridad jurídica a todas las partes involucradas en los procesos de alquiler de vivienda.
Nada se conseguirá por la vía de la limitación de precios, penalización fiscal, regulación o prohibición. Al contrario, provocará un éxodo de parte de la oferta hacia otras fórmulas diferentes de alquiler no limitadas. La Ley de la Vivienda, tal y como se está planteando, no servirá al efecto perseguido y será solo responsabilidad de quienes la promulguen, no de los que intentamos ayudar en el ejercicio de nuestra actividad profesional diaria conectando oferta y demanda.
