La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advierte de una emergencia habitacional.
La falta de oferta asequible y los precios desorbitados se traducen en una extracción de la renta disponible que compromete el acceso a empleo, formación y consumo, condicionando gravemente el bienestar de las familias, tanto o más que la falta de prestaciones sanitarias cercanas.
En este contexto, el presidente de FAI, José María Alfaro, critica que los altos ingresos fiscales generados en vivienda y construcción sirven a otros fines, sin destinarse suficientemente a generar nueva oferta asequible en alquiler o compra.“No se trata de gravar a las familias y a los propietarios. Por ello, creemos que es justo reclamar que esa recaudación revierta directamente en vivienda asequible.
Es más, insiste en que “España se encuentra ante un conflicto social y económico profundo, ya que la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en una carga invisible que drena renta y oportunidade”.
Por ello, FAI, desde su compromiso con el equilibrio de mercado y la protección del usuario y consumidor, exige un giro urgente de modelo, dejando a un lado ideologías e intereses partidistas, donde lo fiscal debe priorizar en la generación de oferta de vivienda asequible, liberando renta disponible, recuperando la movilidad geográfica, favoreciendo la mejora laboral y el consumo del ciudadano medio, en definitiva, mejorar y no empeorar su calidad de vida.
Propuestas concretas desde FAI
Plan Marshall de Vivienda coordinado a nivel estatal, autonómico y municipal: liberación de suelo público, agilización urbanística, rehabilitación, con especial atención en las diferentes soluciones de Alquiler basadas en la demanda.
Educación fiscal estructural: incentivos fiscales para propietarios que alquilan a precios asequibles, recargos solo para viviendas vacías o especulativas.
Recursos jurídicos o garantías económicas suficientes ante el atasco judicial habitual que retrasa la recuperación de la vivienda en caso de impago más de 12 meses de promedio.
Aumento del parque de vivienda social: construir 15.000‑20.000 viviendas sociales por año como mínimo, tal y como prevé el PERTE.
Movilización de vivienda vacía: recargo fiscal a inmuebles vacíos más de 2 años, combinados con descuentos IRPF a propietarios que movilicen esas viviendas y ayudas directas a la rehabilitación que conlleve mayor eficiencia energética y accesibilidad para personas con movilidad reducida y que sean destinadas al alquiler de larga estancia.
Ley estatal del Derecho a la Vivienda: asegurar precios máximos en zonas tensionadas solo orientados a la obtención de bonificaciones fiscales o ayudas directas. Registros públicos de alquiler, protección frente al desahucio y financiación transparente.
Tipo CERO en IVA e IAJD-ITP para la adquisición de primera vivienda habitual no de lujo.
