José María Alfaro habla sobre la inseguridad jurídica creada por la acumulación de normativas estatales, autonómicas y municipales
El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, ha criticado la actual regulación del sector inmobiliario en España y ha calificado la situación de «auténtico enjambre legislativo». Durante su intervención en la mesa redonda “Situación del mercado inmobiliario y vulnerabilidad”, celebrada en el encuentro “Construyendo el futuro de la vivienda en España”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Alfaro ha lamentado la acumulación de normativas estatales, autonómicas y municipales que no siempre avanzan en la misma dirección.
Según ha explicado, sobre una misma operación inmobiliaria confluyen diferentes normativas según el territorio, lo que genera inseguridad jurídica y retrae la oferta. En este sentido, ha afirmado que el propietario que no tiene certeza sobre la duración del contrato, la actualización de la renta, la recuperación de su vivienda o la respuesta ante un impago decide no alquilar, vender o buscar otras modalidades.
Actuar a tiempo ante la falta de obra nueva
Ante este contexto, el representante de las agencias inmobiliarias ha explicado que, aunque es necesario planificar y construir mucha más vivienda, los nuevos desarrollos tardarán años en estar terminados. Por ello, ha urgido a las administraciones a movilizar con carácter prioritario el parque de viviendas ya existente.
En este sentido, Alfaro ha apostado por desplegar un plan de recuperación de vivienda basado exclusivamente en incentivos y garantías por parte de las administraciones con competencias en vivienda, descartando las regulaciones penalizadoras.
Dentro de estas medidas, FAI propone aplicar beneficios fiscales a quienes incorporen un inmueble al alquiler estable mediante contratos de larga duración, frente al modelo actual que supedita las deducciones a que los propietarios reduzcan o limiten obligatoriamente las rentas. El presidente de la Federación ha remarcado que el objetivo no es regalar dinero, sino hacer más atractivo mantener una vivienda en el mercado del alquiler de larga estancia que dejarla vacía o destinarla a otros usos.
Junto con los estímulos fiscales, el plan incluye medidas que respondan económicamente y de forma inmediata cuando el inquilino entre en una situación de vulnerabilidad social acreditada. Alfaro ha defendido que la atención a la vulnerabilidad debe ser una responsabilidad de los poderes públicos, ya que trasladar esa carga al propietario sin garantías termina retirando viviendas del mercado.
Ayudas a la rehabilitación y agilización de cambios de uso
Para generar oferta rápida, FAI plantea ayudas públicas de hasta el 70 % del coste de rehabilitación de viviendas vacías, a cambio de destinarlas al alquiler habitual durante un periodo mínimo. Asimismo, reclama agilizar los trámites municipales para autorizar la conversión de locales, oficinas o entreplantas consolidadas en viviendas habitables.
El plan también propone crear juzgados especializados, impulsar mecanismos ágiles de mediación y acelerar los procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales.
Por último, apuesta por reforzar la colaboración público-privada mediante la creación de mecanismos de trabajo conjunto entre las administraciones autonómicas, los agentes inmobiliarios y los administradores de fincas, con el objetivo de impulsar la recuperación de viviendas vacías o destinadas a otros usos y facilitar su incorporación al mercado residencial.
Estas propuestas han sido trasladadas al consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, y al director general de Vivienda y Arquitectura, Carlos Montes García, durante una reunión mantenida por el presidente de FAI junto a representantes de la Asociación para el Fomento Inmobiliario de Cantabria (AFICAN), encabezada por su presidenta, Montserrat Abascal, previa a la mesa redonda de la UIMP.
Cantabria se convierte así en la primera comunidad autónoma en conocer este plan de acción, que la Federación presentará progresivamente al resto de gobiernos autonómicos y al Ejecutivo central.
